3 de septiembre de 2015
ladiscusion.cl
Si entre los actuales regantes del río Ñuble existía incertidumbre respecto de los reales
beneficios del futuro embalse La Punilla, particularmente respecto de la
prioridad que tendrá el riego durante su operación, esta sensación se ha
acrecentado significativamente después del análisis de las bases de licitación
realizado por el constructor civil, Mario Arzola Acuña y que apareció en la
edición Domingo de La Discusión.
Según el profesional, habría mucha desinformación y a la luz
de los antecedentes disponibles, el proyecto requeriría ser perfeccionado, pues
de la forma en que se estarían definiendo los aportes de los regantes que
compren acciones tipo A, el beneficio del embalse no sería relevante, sino que
favorecería principalmente al negocio de la generación hidroeléctrica.
Las afirmaciones de Arzola, quien también es regante del
canal Lilahue, se fundan en variables supuestamente erradas para determinar la
entrega de agua para riego, llegando a concluir que la cantidad disponible del
recurso no será la que esperan los agricultores. Además, expuso una serie de
interrogantes sobre el modelo de negocios y cobros que -en su opinión- serían
lesivos para los regantes.
El director de la Junta de Vigilancia del río Ñuble, Martín
Arrau García-Huidobro, se hizo cargo de responder a estas interrogantes y
críticas, defendiendo las normas de operación y bases de licitación y
asegurando, tajantemente, que la prioridad será el riego.
En definitiva, nos encontramos ante dos interpretaciones del
mismo modelo, ambas en apariencia bastante sólidas, lo que hace imperativo una
respuesta clarificadora por parte de la autoridad, a fin de zanjar estas
diferencias que no son menores, sino que apuntan al argumento de fondo para la
realización de esta obra que costará cerca de 380 millones de dólares.
Lamentablemente, los esfuerzos de este diario, desde hace 20
días, por conseguir una respuesta oficial se han estrellado con una persistente
negativa del Ministerio de Obras Públicas, lo que no hace más que alentar las
dudas sobre supuestas desviaciones del modelo de negocios y la real voluntad de
la autoridad de clarificarlas y corregirlas.
Es fundamental que la unidad de concesiones del MOP que está
a cargo de este proyecto ilumine los aspectos aún oscuros, a fin de otorgar
seguridad a los regantes y a la ciudadanía, pues se trata de una obra clave
para el agro de Ñuble y cuyo millonario costo es financiado, en buena parte,
con recursos de todos los chilenos.
El país tiene derecho a aprovechar la energía que se genere
de esta cuenca, pero ello no puede hacerse a costa de los agricultores. Es
deber del Estado encontrar una fórmula eficiente y justa para el desarrollo
hidroeléctrico y los beneficios que pueda generar para los eventuales
inversionistas y dueños del agua; y si el modelo de negocios con que se
pretenden alcanzar dichos objetivos es imperfecto, las señales de alerta, los
debates y los emplazamientos a la autoridad para que transparente la
información y aclare dudas, nunca serán extemporáneos.
El embalse La Punilla puede ser un aporte a la generación
eléctrica, pero nunca se debe perder de vista que esta iniciativa surgió a
principios del siglo 20 como una solución para mejorar la productividad
agrícola de una extensa superficie de la Provincia de Ñuble, hoy piedra angular
del desarrollo agroindustrial de toda la zona norte de la futura región.
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